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Hacienda anuncia un posible aplazamiento de Veri*Factu hasta octubre de 2028, mientras la factura electrónica obligatoria continúa avanzando con un calendario propio. Te explicamos las diferencias, las fechas clave y cómo preparar tu negocio.
Actualizado: 3 de noviembre de 2026 | Actualidad fiscal y empresarial
La digitalización de la facturación está provocando importantes cambios en las obligaciones de empresas, profesionales y trabajadores autónomos.
En los últimos meses, términos como VeriFactu*, software de facturación certificado o factura electrónica obligatoria han generado numerosas dudas entre los contribuyentes.
A ello se suma el reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre un posible nuevo aplazamiento de Veri*Factu hasta octubre de 2028.
Sin embargo, existe una cuestión fundamental que conviene aclarar desde el principio: Veri*Factu y factura electrónica son obligaciones diferentes, reguladas por normas distintas y con calendarios de aplicación independientes.
Por tanto, el eventual aplazamiento de una de ellas no significa que desaparezcan o se retrasen automáticamente las obligaciones de la otra.
Analizamos las principales novedades y sus consecuencias prácticas.
El Ministerio de Hacienda anunció el 5 de octubre de 2026 su intención de retrasar hasta octubre de 2028 la aplicación de las obligaciones pendientes relacionadas con los sistemas informáticos de facturación.
No obstante, es importante distinguir entre un anuncio administrativo y una modificación normativa efectivamente aprobada.
Mientras el nuevo aplazamiento no se publique oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, los plazos legalmente establecidos continúan siendo:
1 de enero de 2027: contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
1 de julio de 2027: resto de empresarios y profesionales incluidos en el ámbito de aplicación
El Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 1007/2023 establece determinados requisitos técnicos para los sistemas informáticos utilizados en la expedición de facturas.
Su finalidad es garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación.
En términos prácticos, los programas deben impedir que una factura pueda eliminarse o modificarse sin dejar el correspondiente rastro.
Ahora bien, conviene aclarar una confusión habitual: utilizar un sistema informático adaptado al reglamento no implica necesariamente que todas las facturas deban remitirse automáticamente a la Agencia Tributaria.
La normativa contempla dos modalidades de funcionamiento:
Sistemas VERI*FACTU: remiten automáticamente los registros de facturación a la Agencia Tributaria.
Sistemas NO VERI*FACTU: conservan los registros en el propio sistema, cumpliendo requisitos adicionales de seguridad, control y conservación.
En ambos casos, cuando el reglamento resulte aplicable, el software deberá cumplir las exigencias correspondientes.
Fuentes oficiales:
Ministerio de Hacienda: nota informativa sobre Veri*Factu
BOE: Real Decreto 1007/2023
Mientras continúa la incertidumbre sobre el nuevo aplazamiento de Veri*Factu, la implantación de la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales avanza conforme a su normativa específica.
La factura electrónica persigue digitalizar el intercambio de facturas entre empresas y profesionales y mejorar la trazabilidad de las operaciones y los pagos.
Su implantación se realizará progresivamente.
Fechas de entrada en vigor
6 de octubre de 2027: Para empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones del año natural anterior supere los 8 millones de euros.
6 de octubre de 2028: Para el resto de empresarios, profesionales y entidades incluidos en la obligación, con carácter general.
6 de octubre de 2029: Para determinadas obligaciones adicionales de comunicación de estados y pagos correspondientes a personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas cuyo volumen de operaciones no supere los 8 millones de euros.
Estas fechas deben interpretarse atendiendo a las características de cada contribuyente y al tipo de obligación aplicable.
No.
Una de las principales novedades es que enviar una factura en PDF por correo electrónico no equivale, por sí solo, a cumplir la futura obligación de facturación electrónica estructurada.
Cuando resulte exigible, las facturas deberán generarse en formatos electrónicos estructurados admitidos por la normativa y circular a través de los mecanismos previstos.
Las empresas también deberán disponer de medios adecuados para recibir facturas electrónicas de sus proveedores y cumplir las obligaciones de información sobre su estado y pago cuando correspondan.
Esto supone que la adaptación no afectará únicamente a la emisión de facturas, sino también a su recepción y gestión administrativa.
Fuentes oficiales:
Agencia Tributaria: calendario de implantación de la factura electrónica
BOE: Real Decreto 238/2026
Esta es una de las dudas más frecuentes entre autónomos y pequeñas empresas.
La Agencia Tributaria ha aclarado que la utilización de Word o Excel para confeccionar manualmente facturas no supone necesariamente la utilización de un sistema informático de facturación sujeto al Reglamento Veri*Factu.
Por ejemplo, un profesional que introduce manualmente los datos de sus facturas en una plantilla, las imprime o guarda y no utiliza esa herramienta para procesar posteriormente la información fiscal podría encontrarse fuera del ámbito de aplicación del reglamento.
Sin embargo, la situación puede cambiar cuando esas herramientas se utilizan para procesar los datos de facturación y generar directamente libros fiscales, registros contables u otra información tributaria.
Por ello, no basta con conocer el nombre del programa utilizado: es necesario analizar qué funciones realiza realmente.
Además, hay que tener presente que esta interpretación afecta a Veri*Factu y no constituye una exención general de la factura electrónica obligatoria.
Consulta las preguntas frecuentes de la AEAT sobre Veri*Factu
La normativa contempla determinadas exclusiones y particularidades que deben analizarse individualmente.
Por ejemplo, los contribuyentes que llevan sus libros registro del IVA a través del Suministro Inmediato de Información (SII) están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento Veri*Factu.
No obstante, esta exclusión no supone automáticamente que queden fuera de la futura obligación de factura electrónica entre empresas.
En el caso de las actividades acogidas al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, también existen particularidades para determinadas operaciones y documentos, pero no puede afirmarse que todas sus facturas estén exentas con carácter general.
La situación debe estudiarse atendiendo al régimen fiscal, las operaciones realizadas y el procedimiento de facturación utilizado.
Antes de contratar o sustituir un programa de facturación, conviene comprobar:
Si el negocio está realmente obligado a utilizar un sistema adaptado al Reglamento Veri*Factu.
Si el proveedor del software garantiza el cumplimiento de los requisitos técnicos aplicables.
Si el programa también estará preparado para emitir y recibir facturas electrónicas estructuradas.
Si permite gestionar la información relativa a los estados de las facturas y los pagos.
Si la empresa dispone de un procedimiento adecuado para recibir las facturas electrónicas de sus proveedores.
La elección de una solución informática debería contemplar ambas obligaciones, evitando tener que cambiar nuevamente de programa en un plazo relativamente corto.
Las novedades anunciadas pueden dar a muchas empresas y autónomos un mayor margen para adaptar sus sistemas de facturación.
Sin embargo, el aplazamiento de Veri*Factu hasta octubre de 2028 todavía debe materializarse normativamente, mientras que la factura electrónica obligatoria dispone de un calendario propio.
Por tanto, el mensaje principal es claro:
No todas las empresas tienen las mismas obligaciones ni necesitan realizar las mismas inversiones.
Antes de adoptar una decisión, es fundamental revisar el sistema de facturación utilizado, el régimen fiscal aplicable y las características de la actividad.
Este artículo tiene carácter informativo y refleja la situación normativa a 3 de noviembre de 2026. La aplicación de las obligaciones debe analizarse individualmente y teniendo en cuenta las modificaciones normativas que puedan aprobarse posteriormente.